EL DILEMA DEL COVID-19

Nacional

Marzo, 26, 2020

¿Qué prefieres tener trabajo, libertad, o salud, en la época del COVID-19?. Es razonable realizarnos esa pregunta en el momento en que nos encontramos no sólo en México, sino también en el mundo, cada país se encuentra combatiendo al COVID-19, con sus propios recursos, así como decisiones, lo cual podemos observar desde nuestra perspectiva acorde a nuestros razonamientos predictivos en relación a las decisiones de protección correctas o incorrectas, de las tres opciones que mencionamos, todas son derechos humanos, por lo tanto, te preguntaría ¿cuál prefieres?

En realidad, si nos basamos en el artículo primero de la constitución mexicana, los tres cumplen con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo tanto, para poder realizar una preferencia tendríamos que decidir cuáles de esos chocan, o más técnicamente desde la perspectiva de la ciencia jurídica, ante el COVID-19, ¿cuáles de esos derechos humanos colisionan?, ya que, aunque en México, aún no esta prohibido salir de casa, es una medida preventiva.

Por lo que varias personas tienen diferentes necesidades es decir tienen que cumplir otro derecho humano como lo es dignidad humana, por lo tanto tenemos que darnos cuenta que al pensar que los derechos humanos colisionan debido a su principio de interdependencia, necesariamente desde la perspectiva objetiva y racional, colisionarían lo que haría asistemático el sistema de derechos humanos conformados, ya que interdependencia según el diccionario de la lengua española, la interdependencia es dependencia recíproca.

Ahora bien, si queremos pensar en una posible colisión entre derechos humanos hay que tratar el concepto indivisibilidad, y el mismo diccionario considera que la cualidad de los derechos humanos es que no se puede dividir, por lo tanto, una pregunta sensata sería, ¿cómo algo indivisible e interdependiente puede colisionar?, este ejemplo del COVID-19, es un momento que no sólo pone a la prueba el sistema de salud, sino cualquier área del conocimiento.

En el caso que pensemos que existe colisión de derechos humanos, una de las reglas es determinar cuál de ellos es el derrotable, es decir que un derecho humano debe ceder, o vencer ante el otro.

Por lo tanto, antes de hacer ecuaciones lógicas, o test de proporcionalidad, hay que preguntarnos bajo que premisa científica abordaremos, haremos un juicio de valor, entonces clasificaremos los derechos humanos a partir de la posibilidad de cada quien de quedarse recluido un mes, en su casa salvaguardando su salud, y la de los demás.

Vamos a ponerlo más claro, en la Ley Federal de Trabajo en su artículo 427, fracción VII, habla de la suspensión de la relación laboral, es decir no culmina, sólo se pospone pero hay que ir a las cifras sólo el 4.5% de los trabajadores en México gana más de $13, 254 pesos mensuales, dato que se obtiene de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE), del Inegi para el segundo trimestre de 2018, diles a todos los trabajadores del sector privado que en caso de declarar contingencia sanitaria se les indemnizará con un salario diario durante 30 días, solamente un mes posteriormente el patrón tendrá la obligación de continuar la relación laboral pagando el 100%.

En este contexto solamente por tomar una prueba aleatoria vamos a poner de ejemplo:

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se destinarán 2,533,791.4 millones de pesos al pago que reciben servidores públicos, subsidios para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias para la sociedad y gastos de operación.

Para ello, un dato aproximado que se obtuvo en el 2017, dice que en “México, dos millones 283,652 personas laboran en las administraciones públicas estatales, lo cual significa que existen alrededor de dos servidores públicos por cada 100 habitantes.” , imaginense que les aplicamos a esos servidores públicos el artículo 429, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, que habla de una indemnización de un salario mínimo durante todo un mes, es decir nosotros los mandantes deberíamos de decidir reducir un salario mínimo diario durante todo un mes, y les tendríamos que pagar a todos esos servidores públicos, la fabulosa cantidad $8, 554, 304, 623, que equivaldría el 2.47%

Si dividimos el presupuesto de egresos en los doce meses, nos ahorrariamos como mandantes el 97.53%, del total de un mes del presupuesto de egresos en general, por lo que para nosotros sería ahorro desde el juicio de valor, para los servidores públicos será pérdida, pero ¿cómo sabremos qué medida es más razonable?, pagar el mes de indemnización a los funcionarios públicos que están protegiendo su vida, o continuar pagano sin que se encuentren trabajando aún y que ellos mismos se decretaron su contingencia al día de hoy,

Por lo tanto, el juicio de valor de las personas que trabajan en la iniciativa privada y que en caso de declararse contingencia sanitaria dirían que es razonable que se les aplique, si ellos, también son trabajadores, y el COVID-19, da a todos por igual, pero ¿qué creen?, algunas instituciones se auto declararon contingencia sanitaria y siguen ganando igual, ¿qué pasó?, los mandantes seguimos trabajando en pleno COVID-19, y los mandatarios ya están protegiendo su salud, con el ingreso pactado en sus contratos que tienen al día de hoy vigentes.

Entonces vamos a ponderar a las necesidades de los servidores públicos, frente a su salud, y su pérdida de trabajo, no es posible para los mandatarios porque no nos corresponde ponderar, la ponderación que importa es la que realiza la autoridad jurisdiccional, es la última decisión, la pregunta sería ¿cómo verificamos que su proceso mental no parte de sus juicios de valor?, más aún, ¿cómo comprobamos que su proceso de ponderación parte de algo objetivo?

Por lo tanto, considerar que los derechos humanos colisionan deja entreabierto que puede generar la oportunidad de que alguien más decida sobre mis necesidades frente a otras mediante juicios de valor, de determinado grupo que no tenga los mismos recursos que otros o la efectividad de sus derechos humanos en su respeto por parte de la autoridad, personas preponderantemente económicas, o cualquier individuo que pretende transgredirlos.

Por: Dr. Gonzalo Levi Obregón Salinas/Latitud Megalópolis

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