LIBERTAD BAJO PALABRA

Nacional

Septiembre, 21, 2020

¿Usted está de acuerdo en que se aplique la ley a quienes hayan cometido abusos, si existen elementos probatorios para llevarlos a juicio? La respuesta es una obviedad que no requiere consultas, sólo voluntad para cumplir un deber. Lo que se busca es legitimación sobre una decisión de alcances políticos para llevar a juicio a los ex Presidentes.

En un Estado de derecho, basta con tener elementos probatorios objetivos para fincar responsabilidades y revisar las condiciones de prescripción que las leyes determinan en cada caso concreto. Me parece que además del tema distractor, la pretensión también es evitar que en el futuro se reproche al Presidente de la República la omisión de perseguir eventuales actos ilícitos de sus antecesores o eludir que su decisión se considere una venganza.

Andrés Manuel López Obrador mandó hacer una consulta pública que de ninguna manera es representativa y mucho menos seria o rigurosa. Además escaló el tema para obligar a que las ministras y los ministros se pronuncien formalmente, buscando legitimar su intención. En días recientes desde la mañanera mandó decir a los togados que su deseo de hacer la consulta está por encima de la constitucionalidad de la propia convocatoria. Desde esa perspectiva el Máximo Tribunal se enfrenta a una trampa en la que es obligado a emitir una opinión forzada desde el Ejecutivo Federal.

El deber de juzgar a los ex Presidentes por los delitos que pudieron haber cometido durante su ejercicio, no es motivo de una consulta, equivale a decir que la las leyes se pueden aplicar o dejar de aplicar por un tribunal popular que ejerce decisiones vinculatorias sin protocolos reconocidos en nuestro sistema jurídico. En ese sentido se violenta el juramento del tabasqueño cuando asumió el cargo para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

No existen antecedentes sobre una solicitud de esta naturaleza y se ha fijado un plazo fatal que se cumplirá el 5 de octubre.

Los ministros analizarán el siguiente texto “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones?”

La respuesta tendrá que ser categórica, sin conceder el aval institucional que busca AMLO, de lo contrario estaríamos ante un peligroso pantano conceptual e inaudito. Aplicar la ley es una obligación, bajo ninguna circunstancia consultable, tampoco es un acto de venganza.

EDICTOS

Dejar de satisfacer la expectativa presidencial sería una bocanada de aire refrescante para reforzar la verticalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se juega el prestigio con una sola respuesta. Dirían los clásicos “no se puede quedar bien con Dios y con el diablo”.

Por: Enrique Rodríguez Martínez/Latitud Megalópolis

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