LIBERTAD BAJO PALABRA

Nacional

Septiembre, 28, 2020

El jueves 24 de septiembre, por la mañana, en un acto de transparencia que debe reconocerse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió subir a sus redes sociales el proyecto del ministro Luis María Aguilar respecto a la solicitud hecha por Andrés Manuel López Obrador para que se realice una consulta popular sobre la pertinencia de enjuiciar a cinco ex Presidentes.

La propuesta de resolución está bien diseñada y construye un análisis jurídico sobre una obviedad ociosa. El proyecto afirma que es inconstitucional y bastará con sumar seis votos en la sesión del 1 de octubre para formalizar la decisión plenaria del Tribunal Constitucional que un escenario no lejano podría aceptar el proyecto por unanimidad. Otra posibilidad es que la votación sea dividida, ante lo cual le puedo anticipar que Jorge Mario Pardo, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez estarían respaldando con su voto el proyecto de Aguilar Morales. De ser así, el jueves sólo se necesitaría un voto más para sumar los seis necesarios que confirmen el sentido de la propuesta sobre la inconstitucionalidad. ¿Cómo votaría Arturo Zaldívar en su calidad de presidente de la Corte en el contexto de su relación institucional con López Obrador? Atendiendo estrictamente a razones de derecho, el caso es claro. Será indispensable que ninguno de los integrantes del pleno decida en razón de evitar un eventual desencuentro con el Presidente de la República que pretende erigir de facto un jurado popular para saber si se aplica o no la ley.

El proyecto de resolución dice “Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo”.

Es una forma elegante de decir que la intención de AMLO es notoriamente aberrante y carece de sustento, toda vez que es su deber propiciar la investigación de cualquier presunto delito, si cuenta con las pruebas necesarias para sustentar la persecución penal de los ex Presidentes. Incluso si existen los elementos objetivos suficientes, la Fiscalía General de la República debería proceder, sin esperar el momento político más adecuado a contentillo del tabasqueño, pero lamentablemente la dependencia hacia el Ejecutivo Federal sigue siendo manifiesta.

Minutos después de viralizarse en redes sociales la propuesta de resolución de Aguilar Morales, el Presidente hizo un llamado a los ministros y con mayor morbo a Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat propuestos por él en las ternas enviadas al Senado para sus respectivas designaciones. Para ponerle presión política al fallo del Máximo Tribunal que conoceremos en breve, fiel a su estilo López Obrador solicitó a los jueces constitucionales “que tomen en cuenta los sentimientos del pueblo”. Lo que contraviene la esencia del orden jurídico y las condiciones de cualquier investigación o eventual judicialización de los casos planteados.

Eso que se menciona como “los sentimientos del pueblo” o los del propio Presidente, no deben influir jamás en el ánimo de las decisiones del Alto Tribunal, de lo contrario se traicionaría su esencia como garante de la Constitución.

EDICTOS
El próximo jueves los integrantes del pleno de la Suprema Corte tendrán una vez más la oportunidad de mostrar la solidez de una institución que el país necesita siempre independiente, firme y ajena a decisiones sentimentales abstractas, producto de la manipulación.

ENROMA27@GMAIL.COM

@JENROMA27

Por: Enrique Rodríguez Martínez/Latitud Megalópolis

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