LA TRANSFORMACIÓN

Nacional

Diciembre, 14, 2020 

En México difícilmente podemos hablar de independencia de jueces y magistrados en el ámbito local, en los Estados, puesto que histórica y tradicionalmente la designación de magistrados y luego de jueces suele deberse al gobernador en turno y al partido en el poder que suele estar sometido a los designados del gobernador, a imagen y semejanza de lo que vemos a nivel federal con el presidente de la República y sus subordinados: diputados y senadores de su partido.

Esta es una bonita tradición mexicana, así fue en el pasado, lejano y reciente, y no veo porqué tenga que cambiar en el presente y menos aún en el futuro.

Desde luego, los partidarios de la justicia: abogados y organismos defensores de Derechos Humanos –no gubernamentales, desde luego- para hacer frente a esta situación debían agotar las instancias locales –jueces y magistrados sometidos “normalmente” al gobernador y a los actores políticos locales- y, hecho lo anterior, acudir a la instancia federal: el Juicio de Amparo.

Los jueces y magistrados de amparo al ser funcionarios relativamente independientes de los poderes fácticos locales podían enmendar la plana al mismísimo gobernador –y de ahí para abajo-, lo mismo solía ocurrir a nivel federal, en donde los jueces y magistrados de amparo solían resolver con libertad los casos que se les planteaban, en ello contribuía el deber –en la actual etapa- su cargo a la carrera judicial, a sus méritos normalmente, de ahí que por lo regular resolvían conforme al espíritu de la ley. Desde luego con honrosas excepciones, como el caso del juez federal Padierna.

Lo anterior viene a colación dada la preocupación respecto de la independencia de jueces (y magistrados) que en días recientes externó al gobierno de México, Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU (https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-20/PDF-ONU-reforma-judicial-Nov2020.pdf).

Ello derivado de las reformas legislativas que involucran respecto del tema el que jueces y magistrados (y de ahí para abajo) puedan ser sancionados con la destitución sin que se puedan defender, es decir, sin tener un recurso. Ello se traducirá en la libertad de destituirlos y, por supuesto, sustituirlos por incondicionales al poder político –como nos gusta en México, faltaba más-, al oficialismo. Y si ello no fuera suficiente, el poderlos cambiar de adscripción –lo que en nuestro país suele ser empleado como forma de presión y castigo, lo más alejado posible de tu familia siempre ayuda.

Aunado a ello, según el relator de la ONU, también se propone y se encuentra en el legislativo, auspiciado por el oficialismo, la ¡eliminación de la pena de muerte! Y elección de ministros de la Corte y su corte por elección popular –en México, vale la pena aclarar, entendemos por elección popular a mano alzada en la plaza del pueblo-.

Parece chiste: lo de la elección de jueces y magistrado por el voto popular lo entendemos, pero lo de la pena de muerte, ¿a quién se la querrán aplicar? La respuesta suele ser: a los enemigos del régimen, y no, no son los secuestradores, violadores, feminicidas, narcotraficantes… son, como he dicho, los enemigos del régimen.

Por: Dr. DELIO DANTE LÓPEZ MEDRANO/Latitud Megalópolis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.